En el BOE de 28 de diciembre se ha publicado el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Entre las medidas fiscales de este Real Decreto- ley destacan las siguientes (fuente AEAT):

• Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, se aplicará el tipo reducido del 10% del IVA en todos los componentes de la factura de las entregas de electricidad, en lugar del tipo del 5% aplicable hasta 31 de diciembre de 2023.
• Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2024, se aplicará el tipo reducido del 10% del IVA en las entregas de gas natural, en lugar del tipo del 5% aplicable hasta 31 de diciembre de 2023. El tipo del 10% también será aplicable a las entregas pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción, si bien dicho tipo reducido se mantendrá hasta el 30 de junio de 2024.
• Se mantiene el IVA del 0% en aquellos alimentos considerados de primera necesidad: pan, harinas, leche, huevos, frutas, legumbres o verduras. Otros alimentos como las pastas y aceites de oliva o semillas mantienen el tipo de IVA del 5%.
• Se prorrogan para 2024 el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, el Gravamen temporal energético y el Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.
• Se incrementa el Impuesto Especial sobre la Electricidad, desde el 0,5% vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, hasta el 2,5% durante el primer trimestre de 2024 y hasta el 3,8% durante el segundo trimestre de 2024.
• En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se prorrogan para 2024 las deducciones del 20, 40 y 60% por obras para mejorar la eficiencia energética de las viviendas.

Estas medidas son parte de la extensión parcial del “escudo social” anunciada por el Consejo de Ministros como respuesta a los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania. Este nuevo paquete, el octavo emitido por el Ejecutivo en lo que va del año, asciende a alrededor de 47.000 millones de euros, destinados a contrarrestar el impacto de la guerra en Ucrania y el aumento de los precios.

En el ámbito laboral, se prorrogan las medidas vinculadas al disfrute de las ayudas públicas para empresas, que originalmente expiraban el 31 de diciembre. Esto implica que las empresas que hayan recibido ayudas directa o por ERTE y despidan alegando causas como el aumento de los costes energéticos estarán obligadas a reintegrar las ayudas recibidas.

Se establece una limitación a la actualización anual de la renta de alquiler en un 3%. Además, se extiende la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, se prohíbe el corte de suministros esenciales, y se amplían los descuentos del bono social eléctrico. El bono social se extiende a aquellos consumidores titulares cuya renta conjunta anual de la unidad de convivencia esté entre 1,5 y 2 veces el IPREM de 14 pagas.

También se prorrogan las bonificaciones en el transporte público a toda la población, el gobierno bonificará el 30% y el resto de administraciones lo harán hasta el 50%.

Se ha decidido retirar gradualmente, durante los próximos seis meses, las bajadas de impuestos relacionadas con la electricidad y el gas natural que estaban vigentes, implementadas desde verano de 2021. Asimismo, se ha anunciado la vuelta a los niveles normales del IVA del gas, que pasará del actual 5% al 21% a partir de febrero. La “excepción ibérica”, que permitía a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural, llegará a su fin el 31 de diciembre, según la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. La Comisión Europea considera que no es posible llevarlo a la práctica.

En el ámbito bancario se destaca la eliminación de comisiones por la retirada de dinero en efectivo en ventanilla para personas mayores y personas con discapacidad y la supresión de comisiones por amortización anticipada de hipotecas variables. También se sube el límite para poder aprovechar las medidas del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias, con lo que se amplía en número de posibles beneficiarios.

 También se ha confirmado la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas de régimen común que lo deseen.

Por último destacar la prorroga un año más de los gravámenes a los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero como del sector energético. En el caso del sector energético se prevé una modificación en la ley general de presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país.

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